El Mercurio Valparaíso: Usuarios enjuician el uso de licencias médicas injustificadas

LM Injustificadas

Un estudio de la empresa Inmune, determinó que 68,4% de los usuarios del sistema de salud cree que el mal uso de estos documentos es una situación “frecuente” o “muy frecuente”. El Superintendente de Seguridad Social aborda este fenómeno y da luces sobre el panorama actual del país en esta materia.

Las licencias médicas son un dolor de cabeza para cualquier chileno. El conseguir una puede tomar bastante tiempo y que las paguen, aún más. Pero de a poco se ha posicionado otro fenómeno en el país, que tiene que ver con las licencias injustificadas, una percepción, indican los expertos, que va en un progresivo aumento.

Así lo determinó la empresa Inmune en su estudio “Percepción de Licencias Médicas”, en el cual fueron encuestadas vía telefónica 1.067 personas a lo largo del país, entre abril y mayo del año en curso. Los datos de esta medición arrojaron que un 68,3% de los participantes cree que el uso de licencias médicas injustificadas es “frecuente” o “muy frecuente”. De ellos, 66% pertenece a Fonasa y 71,2% a isapres.

Un 65,4% señala esta práctica como un “delito” o “delito grave”, frente a un 20,6% que lo cataloga como “una falta” y un 3,3% dice que es un acto legítimo. En este contexto, es interesante el escaso conocimiento (75,4%) sobre la Ley 20.585, aprobada en 2012, que regula estos hechos.

El 56% de los encuestados pertenecientes a Fonasa indicaron que esta situación ha aumentado en el último tiempo y un 24% la avala, ya que consideran que el sistema de salud es injusto. En los privados, la sensación de crecimiento de esta conducta llega al 47,2%y un 23% piensa que es por la red en sí. Un 82% del sector público argumenta que debido a quienes comenten estas prácticas, el aparato es más rígido con “los verdaderos enfermos”, versus el 79% de los afiliados a isapres.

PANORAMA LOCAL

Si llevamos estos datos al escenario regional, la realidad es bastante desoladora. El nivel de escepticismo llega a un 74%, con un 78% de afiliados a Fonasa y 68% de isapres. Frente a la utilización de licencias médicas compradas y/o sin estar realmente enfermos, 66,1% dice que es un “delito” o “delito grave”, 24% lo considera “una falta” y 3% lo respalda. El 61% de los usuarios del sistema pública afirma que este perjuicio ha aumentado con el tiempo y 18% lo justifica, frente a un crecimiento de 41% percibido por los privados, con un 14,2% que señala que es por lo injusto que es la red hospitalaria.

En línea con la Ley 20.585, un 82% del total de encuestados la desconoce, aunque un 67% dice que los culpables de esta situación son tanto los médicos como los pacientes. En cuanto al daño de que genera el mal uso de licencias médicas, del total de encuestados, 86,4% piensa que Fonasa es el más afectado, seguido de los usuarios y trabajadores de la salud (83%), isapres (75%) y, por último, el empleador (61%). Los afiliados al servicio público señalan, en un 90%, que el reposo injustificado ha hecho que el sistema sea más estricto con los “verdaderos enfermos”, frente al 77% apreciado en los particulares. Del total, un 56% plantea que este crimen aumenta la carga laboral y se extienden los horarios de trabajo de las personas honestas.

Evaluando otro punto de la medición, un 79% de los usuarios de Fonasa y 75% de isapres, dicen que cuando sus colegas presentan una licencia médica falsa, no sienten ningún remordimiento. A pesar de que la situación les molesta, sólo un 40% de los afiliados al sector público y 45% de los privados, confrontaría a alguien que incurre en estos perjuicios.

El gerente legal de Inmune, Rodrigo Varela, aseveró que “en comparación con la encuesta de 2018, la percepción de fraude se
mantiene y va en aumento, lo cual es negativo sobre todo porque se justifica como un daño para el sistema de salud que es considerado injusto.
Sin embargo, el financiamiento de las licencias médicas falsas se paga con parte del 7% de impuesto de todos los chilenos, por lo que a todos nos daña, no solo al sistema” (ver información complementaria).

Al ser consultado por las cifras que entrega el estudio, el Superintendente de Seguridad Social (Suseso), Claudio Reyes Barrientos, señaló que “no nos corresponde referirnos a encuestas de percepción sobre una situación tan delicada como es la salud de las personas. En el caso de las licencias médicas, es posible observar que de las casi 5,7 millones de licencias médicas tramitadas en 2018, solo un 7,6% de ellas fueron rechazadas, por tanto dista bastante de las cifras a las cuales hace mención el estudio”.

En cuanto a las fiscalizaciones ligadas a la Ley 20.585, la cual varios encuestados declararon desconocer, Reyes recalca: “Consideramos que ha sido correcta, es por eso que durante 2018 aplicamos 152 sanciones, hemos sancionado a 35 médicos, con 1.1.70 días de suspensión y con multas de 2.319 UF. A su vez, también hemos sancionado a 35 contralores médicos de Isapres. Con todo, el nivel de multas podría ser revisado”.

LICENCIAS MÉDICAS RECHAZADAS

Analizando el informe anual “Estadísticas de Licencias Médicas y Subsidio por Incapacidad Laboral 2018”, elaborado en conjunto por la Suseso, la Superintendencia de Salud y Fonasa, y publicado en septiembre de este año, nos encontramos también con un escenario complejo. En términos generales, se observa un aumento de 7,5% en las licencias de origen común tramitadas, en el período 2017-2018, llegando a un total de 5.692.855. De estas, un 7,6% fueron rechazadas.

En la tramitación de las licencias, se aprecia que la mayoría de las personas que solicitan una, son mujeres (65,3% en Fonasa y 52,4% en isapres) de 25 a 34 años. En cuanto al grupo diagnóstico, los trastornos mentales aparecen en primer lugar (23,9% y 20,1%), seguidos de las enfermedades osteomusculares (22,7% y 15,7%) y las respiratorias (12,7% y 18,4%).

En licencias rechazadas, la composición del grupo tiene algunas variaciones, donde 7,4% son adultos mayores pertenecientes a Fonasa, y 16,1% son menores de 19 años, afiliados al sistema privado. De todas formas, las mujeres siguen encabezando estas estadísticas, con 5,4% en el sector público y 15,5% en isapres. Los diagnósticos también sufren leves variaciones, aunque siguen primando los desórdenes mentales, con un 11,4% en la red estatal y 40,6 % en la particular, seguidos por las afecciones osteomusculares – tanto en Fonasa como en isapre, con un 5,1% y 15,8%, respectivamente -, y las cardiovasculares (5,1%) en el público, mientras que en el privado aparecen los traumatismos (11,1%).

La distribución geográfica en cuanto a los rechazos, sufre grandes cambios respecto de las tramitaciones. Por Fonasa, se alzan O’Higgins (8,9%), Atacama (8,3%) y Valparaíso (7,9%). Cuando pasamos a las isapres, sólo en Arica y Parinacota, el índice no sobrepasa el 10% (9,8) y el ranking es liderado nuevamente por la Sexta región con un 22,5%, secundada por Tarapacá (18,5%) y Antofagasta (18,2%).

MIRADA DEL SUPERINTENDENTE

El titular de la Superintendencia de Seguridad Social explica que el rechazo de una licencia médica se da por reposo injustificado, ya que “la duración o extensión del reposo no es apropiada o coherente para el diagnóstico suscrito o, puede darse también, un rechazo debido a la recurrencia o frecuencia de una licencia médica en la que, según criterios médicos, el reposo ya ha sido suficiente para dar solución al problema descrito”.

También llama la atención la gran cantidad de licencias objetadas por trastornos mentales. De acuerdo con el superintendente, esta situación ocurre porque “a diferencia de enfermedades osteomusculares por ejemplo, el diagnóstico no es necesariamente evidente para efectos de justificar un reposo o el pago del subsidio laboral vinculado a una licencia médica. En este caso es muy importante el fundamento médico de base en la emisión de una licencia, pues debe ser capaz de sostener las causas y razones de una licencia”.

Tomando en cuenta el magro panorama en salud mental que vive el país y los esfuerzos que se hacen en esta materia, Reyes subraya: “La preocupación existe y se han realizado esfuerzos en esta materia, como por ejemplo el Plan Nacional de Salud Mental, que está radicado en el Ministerio de Salud, en el que participaron no sólo profesionales y técnicos de la salud mental del sector público de salud, sino también representantes de la Academia, Colegios Profesionales, Sociedades Científicas, Organizaciones No Gubernamentales, y Organizaciones de Usuarios y de Familiares de Usuarios de Salud Mental”.

También aclara que las diferencias entre regiones se deben a “diferencias en términos de composición etaria, sexo, ocupación, que dan lugar a distintas patologías, particularmente las de carácter mental, y tipo de cobertura (privada o pública) lo que a su vez lleva a mayores tasas de rechazo”.

Por último, respecto al superlativo rechazo de isapres frente a Fonasa, el superintendente indica que “podríamos suponer que al ser un seguro de salud de carácter privado, podrían existir estándares de aprobación o rechazo diferentes a un fondo de carácter público”.

“De las casi 5,7 millones de licencias tramitadas en 2018, sólo un 7,6% fue rechazado”
– Claudio Reyes Barrientos, Superintendente de Seg. Social.

Fuente: El Mercurio Valparaíso, Suplemento-Salud, 10 de noviembre de 2019.